Viviendas sin construir ¿puedo recuperar el dinero aportado?

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Son numerosas las personas que, en los últimos años, han aportado importantes sumas de dinero a sociedades cooperativas de viviendas, sociedades promotoras y/o constructoras con la intención de adquirir una futura vivienda sin que, finalmente, se haya producido la entrega de la vivienda ni se le hayan devuelto las cantidades aportadas.

La Ley 57/1968 sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas establecía la obligación del promotor de constituir un contrato de seguro con entidad aseguradora para garantizar las cantidades entregadas por los compradores con anterioridad al inicio de las obras y entrega de las viviendas para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo convenido, siendo ampliable dicha cobertura a los miembros de sociedades cooperativas al amparo de lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999 de ordenación de la Edificación, así como por el art. 2 del RD 3114/1968.

seguro de caución

Si bien es cierto que dicha norma es de obligado cumplimiento para las promotoras, muchos han sido  los casos en los que los promotores no llegaron a suscribir dichos contratos de seguro dejando sin esta cobertura a los adquirentes y, en otros casos, a pesar de suscribir las correspondientes pólizas, las compañías aseguradoras, en un claro abuso de derecho han rehusado indemnizar a los afectados con la devolución de sus aportaciones alegando, según los casos, prescripción de las acciones de reclamación frente a la compañía de seguros, falta de cobertura de la póliza, ausencia del certificado individual del aval, etc.

En aquellos casos en los que la promotora no suscribió dichos seguros, únicamente podremos ejercitar las acciones para recuperar nuestras aportaciones frente a la promotora y, en su caso, frente a los administradores de la misma, sin embargo, en aquellos supuestos en los que la promotora sí suscribió dichos contratos de seguro las posibilidades de recuperar nuestro dinero serán mucho mayores, pues podremos reclamar directamente a la compañía de seguros con la que el promotor concertó el seguro de caución mediante la interposición de una demanda de ejecución de títulos no judiciales cuya tramitación es más rápida y efectiva que los procedimientos declarativos ordinarios.

A pesar de las trabas que están poniendo las compañías de seguros para no pagar a los afectados y de la existencia de sentencias desfavorables, en los últimos meses, los Tribunales están reconociendo los derechos de los afectados y, de esta manera, son cada vez más los procedimientos en los que se despacha ejecución frente a las compañías de seguros y se consigue recuperar, no solo las cantidades aportadas, sino los intereses y las costas judiciales.

Así el artículo tercero párrafo segundo de la Ley 57/1968 de 27 de julio sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción que establece literalmente lo siguiente: “El contrato de seguro o aval unido al documento fehaciente en que se acredite la no iniciación de las obras o entrega de la vivienda tendrá carácter ejecutivo a los efectos prevenidos en el título XV del Libro II de la Ley de enjuiciamiento civil” y, en consecuencia, el título ejecutivo que fundamenta la ejecución lo es la Póliza general suscrita entre el promotor y la compañía de seguros por tratarse de una póliza Colectiva concertada entre el tomador (promotor) y la compañía de seguros para garantizar la devolución de las cantidades aportadas en caso de no terminarse las obras y producirse la entrega de la vivienda. Por lo tanto, es el artículo 517 de la Ley de enjuiciamiento civil, en relación con el artículo 3 de la Ley 57/1968 quien determina la fuerza ejecutiva a dichas pólizas siendo preciso destacar que en los citados preceptos no se hace en ningún momento depender tal fuerza ejecutiva de la emisión de pólizas individuales por parte de la compañía aseguradora a favor de los compradores por lo que, en principio, carecer del certificado individual de la póliza no debería ser impedimento para que la compañía de seguros abone al comprador las cantidades entregadas al promotor y, en el supuesto de que así no sea, acudir al proceso judicial de ejecución frente a la compañía de seguros y ello por mucho de que en el artículo 2 de la Ley 57/1968 se haga mención a dichos certificados individuales como uno de los documentos que debe entregar el vendedor al comprador.

En el sentido expuesto, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado la reciente Sentencia Nº 540/2013 de 13 de septiembre de 2013, en la que declara la obligación de la compañía aseguradora de abonar las cantidades aseguradas a los compradores, aún en el supuesto de que éstos carezcan del certificado individual del seguro por ser dicho documento de elaboración unilateral por parte de la compañía y, por lo tanto, su inexistencia es solo imputable a las compañías o en el supuesto de que, exisitiendo dichos certificados se limite en los mismos las coberturas de la póliza pues, argumenta el alto Tribunal que “ La limitación contenida en los certificados podrá ser un simple error o podrá ser una estratagema de la aseguradora en prevención de un futuro siniestro, pero resulta ineficaz contractualmente.”

En una misma línea, entre otras, podemos encontrar las siguientes resoluciones: Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 9ª) Sentencia Num. 467/2013 de 31 de octubre; Auto de Audiencia Provincial de Sevilla (sección 6ª), núm. 76/2010 de 1 de junio.

Si se encuentra en esta situación y desea recuperar las cantidades aportadas para la compra de su vivienda no dude en ponerse en contacto con Tecnoderecho Asesores, la primera consulta telefónica, por email, o en nuestro despacho de Getafe (Madrid) será gratuita, estudiaremos su caso sin compromiso y le daremos la mejor solución.

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