La Audiencia Provincial de Madrid condena a Bankia a devolver 100.000 € de Participaciones Preferentes que provenían de una indemnización por accidente de trabajo.

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La Sección 20ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 24 de febrero de 2016, ha desestimado el recurso de apelación presentado por Bankia contra la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia Nº 5 de Alcalá de Henares, de fecha 17 de octubre de 2014, que declaraba la nulidad de un contrato de Participaciones Preferentes Caja Madrid 2009.

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Como motivo primero del recurso de apelación Bankia esgrimía la imposibilidad de ejercitar la acción de nulidad cuando el contrato de Participaciones Preferentes está cancelado, al haber sido canjeado por acciones de Bankia en mayo de 2013. La Audiencia desestima este motivo, toda vez que dicha acción puede ejercitarse durante el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato, y el efecto de la declaración de nulidad habrá de tener en todo caso como efecto expansivo la declaración de nulidad a los contratos conexos o vinculados como es el canje de las preferentes por acciones.

El segundo motivo que esgrime Bankia es la incorrecta determinación de la cuantía de la demanda, pretendiendo que se fijase como indeterminada. El motivo debe ser rechazado en virtud del art. 251.8ª LEC, debiendo estarse al importe integro de la obligación, en este caso 100.000 euros.

En cuanto a la clase de relación que unía a las partes, la Audiencia Provincial determina que existe asesoramiento personalizado basándose en que un empleado de Caja Madrid fue el que recomendó a nuestro cliente que depositase la suma recibida en concepto de indemnización de un accidente laboral, en participaciones preferentes Caja Madrid 2009. La Sentencia hace referencia a la SAP Madrid, Secc. 10ª, de 2 de junio de 2015 que proclama “no es óbice a la existencia de asesoramiento que no figure en autos documentada la existencia de asesoramiento a la actora para la adquisición de las participaciones preferentes. La falta de un documento que refleje una recomendación por escrito no comporta sic et simpliceter la inexistencia de la misma, que pude ser –como realmente fue en el caso- verbal.

A raíz de la existencia de asesoramiento, Bankia debió realizar un test de idoneidad a su cliente, para informarse sobre los tipos de instrumentos financieros, transacciones y servicios con los que esté familiarizado el cliente, la naturaleza de las operaciones financieras del mismo y su nivel de estudios y profesión. Esta evaluación de la conveniencia e idoneidad, en ningún caso puede verse cumplida con la realización del genérico test de conveniencia, que en ningún caso queda acreditado que fuese respondido ni cumplimentado por el cliente. Concluye la Sentencia que “la mera suscripción de determinados modelos normalizados, prerredactados por la entidad financiera, y además rellenados en la propia oficina y no por los clientes en su domicilio después de haber podido reflexionar sobre las circunstancias de la operación, no constituyen en realidad un verdadero test de conveniencia. Ni implica, ni mucho menos, el cumplimiento de la obligación de información al cliente de los riesgos asociados a la operación.”

Por último, en el fundamento jurídico sexto, la sentencia razona la concurrencia de error en el consentimiento determinante de la anulabilidad del contrato, haciendo referencia a lo señalado por las STS de 12 de noviembre de 2010, 11 de diciembre de 2006, 22 de diciembre de 2009, y 20 de febrero de 2012, y concluyendo “la entidad apelante omitió información sobre aspectos esenciales del producto financiero que adquiría el actor, y proporcionó conocimiento confuso sobre el verdadero riesgo asumido incidiéndose en un error sobre la esencia del contrato y de entidad suficiente para invalidad el consentimiento, además excusable, pues las participaciones preferentes son un producto complejo, que supone que la entidad que presta los servicios de inversión debe ser extremadamente diligencie en la información que ha de proporcionar a sus clientes par que éstos sean plenamente conscientes del objeto contractual y de las consecuencias del mismo, no debiendo olvidarse por lo demás, la distinta protección en que se encuentras las partes contratantes, al ser la entidad bancaria demandada conocedora del entorno financiero y del producto que oferta a un cliente que goza de protección del consumidor y a quién ha de aplicarse la normativa tuitiva de protección de los consumidores.

En consecuencia de todo lo anterior se desestima el recurso de apelación de Bankia, y se confirma la sentencia de primera instancia, condenando a la entidad al pago de las costas causadas en segunda instancia.

Dejamos el contenido íntegro de la sentencia: SAP Madrid, Seccion 20. PPF. 24 de febrero de 2016.

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